La magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez habla sobre la judicialización de la política y el poder político de los/as jueces dominicanos
Felicia Tavárez Suárez/Especial para Acento.com.do (*)
República Dominicana.-El rol de los/as jueces en el escenario político adquiere cada día más importancia, debido a que sus decisiones repercuten en la esfera política. También porque el aumento de estas decisiones judiciales ha venido acompañado de la expansión del Poder Judicial y su capacidad de incidir en el ámbito constitucional y administrativo, así como en otras jurisdicciones especializadas donde la política tiene un rol esencial.
A este fenómeno se le ha denominado “judicialización de la política”, y surge a partir de las controversias vinculadas a los asuntos públicos que de alguna manera activan políticamente lo que se ha denominado como “activismo judicial”.
El tema apasiona y genera debate entre los protagonistas de la esfera judicial y la política. Hay posiciones encontradas en cuanto a la influencia política de las magistraturas y a su diversificación en la solución de conflictos políticos que no corresponden al Poder Judicial, produciéndose un desgaste de la justicia en sus distintas manifestaciones.
Conjuntamente con el proceso expansivo del Poder Judicial, en el escenario político al juez/a se le exige nuevas responsabilidades en sus actuaciones que permitan garantizar de manera efectiva la institucionalidad de la justicia. En este proceso de judicialización se plantean dos escenarios: Una sociedad que demanda una actuación responsable de los/as jueces y un Poder Judicial que requiere que los/as políticos/as busquen soluciones a problemas que en esencia no corresponden al sistema judicial.
Ante el fenómeno de la judicialización política a nivel mundial la República Dominicana no es la excepción y actualmente en el sistema judicial y político dominicano se puede confirmar esa tendencia, los distintos procesos políticos y sociales han reafirmado la expansión cuantitativa y cualitativa del Poder Judicial en el escenario democrático provocando que el juez/a se constituya en un actor político como consecuencia de sus decisiones y de las garantías destinadas a asegurar, sin embargo, ¿Cómo ha sido el desarrollo de la judicialización política en nuestro país? ¿Cuál ha sido su impacto y hasta qué punto debe regularse la participación judicial en este proceso?
Sobre el tema entrevistamos a la Dra. Katia Miguelina Jiménez Martínez, jueza de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
1-¿Cómo evalúa usted, magistrada Jiménez Martínez la expansión del Poder Judicial en el marco de lo que se ha denominado “Judicialización de la Política”?
El proceso de judicialización de la política tiene como objetivo traspasar a la justicia por parte de ciertos segmentos de los sectores políticos problemas que ellos no han podido resolver, entonces lo transfieren al Poder Judicial, lo cual tiene sus virtudes, pero también tiene sus desventajas. El proceso de la judicialización de la política es producto del desencanto de los ciudadanos/as hacia los/as políticos/as. Eso ha provocado que la ciudadanía genere expectativas en la solución de problemas que originariamente no son del Poder Judicial. Un ejemplo es el tema de la seguridad ciudadana, este es un tema que no le corresponde resolverlo a los/as jueces, sin embargo, se estila que el reclamo de la ciudadanía sobre la seguridad ciudadana también se lo endosen al Poder Judicial.
Algunos factores que han dinamizado el protagonismo de la justicia a través de este fenómeno mundial denominado “judicialización de la política” se debe al neoconstitucionalismo , que viene siendo la proclamación de una serie de derechos en las constituciones, al tiempo que esa proclamación de derechos fundamentales viene acompañado de un tribunal de garantías constitucionales, tribunal que tenemos en la República Dominicana contemplado en nuestra reciente Constitución. El hecho de que se ponga a cargo de los/as jueces garantizar la preservación de esos derechos fundamentales, una función esencial del Estado, hace que se produzca en el Poder Judicial una mayor incidencia en la vida política nacional.
El proceso de la “judicialización de la política” tendrá mayor incidencia en nuestro país en la medida en que se constituya el Tribunal Constitucional. Eso se debe a que ciertos segmentos del escenario político no han podido resolver algunos problemas que son propios de la actividad política
2-¿Cuáles debilidades presenta la incidencia política de la justicia en la democracia dominicana?
El hecho de que los/as políticos/as no escapen al control de la actividad judicial frente al incumplimiento de sus actividades ha sido otro factor que ha dinamizado el proceso de la “judicialización de la política”. A través del control de la constitucionalidad de la ley que estará a cargo del Tribunal Constitucional, que en la actualidad está a cargo de la Suprema Corte de Justicia, la judicatura asume una responsabilidad de control de la actuación del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y de los órganos de la administración en sentido general. Es una gran responsabilidad, ese es otro factor de dinamización del fenómeno de la expansión de la judicatura en el sector de la política.
El proceso de la “judicialización de la política” tendrá mayor incidencia en nuestro país en la medida en que se constituya el Tribunal Constitucional. Eso se debe a que ciertos segmentos del escenario político no han podido resolver algunos problemas que son propios de la actividad política (cuando hablo de “actividad política” no me refiero a la política partidista sino a la que tiene como objetivo la solución de conflictos organizadamente). Como esos problemas no lo han podido resolver, los/as políticos/as de alguna manera ellos/as mismos propician el que se traspase hacia la justicia la solución de problemas de tipo sociales, económicos y culturales, que en realidad no son la esencia de la existencia de los/as jueces y tampoco del Poder Judicial.
3- ¿Cuál es el perfil del juez que se demanda en ese nuevo proceso denominado “judicialización de la política?
Que sean jueces independientes, porque en la medida en que no tengamos una justicia independiente en esa misma medida no servirá de nada que nuestra Constitución contenga una serie de derechos proclamados y que al final de cuentas no les serán preservados a las personas a cuyo favor han sido concebidos. Si no tenemos independencia no habrá un real control de otros actores de la vida política nacional a través de los distintos poderes del Estado. De manera que la justicia debe ser independiente e imparcial además de otras condiciones que vienen agregadas y que deben ser parte del perfil del juez/a y del Estado constitucional.
Lo deseable sería que se haga una evaluación de la trayectoria de cada persona que está aspirando a un cargo en los tribunales, es decir, su trayectoria profesional, y que más que nada exista transparencia en la selección de los/as jueces que conformaran el Tribunal Constitucional, en la evaluación de los jueces actuales que conforman la Suprema Corte de Justicia y en los/as jueces del Tribunal Superior Electoral.
4-¿Cómo ha influido el reclutamiento de los jueces dominicanos/as en la composición social, judicial y en la independencia de los demás poderes del Estado?
En la actualidad hemos tenido grandes progresos en el Poder Judicial. A raíz de la reforma que surgió en el año 1997, con la elección de la actual Suprema Corte de Justicia, los/as jueces dejamos de ser seleccionados/as por un proceso carente de institucionalidad. En la actualidad tienen que someterse a un proceso de concurso por oposición para poder aspirar y tener acceso a una carrera judicial que empieza por el juez más pequeño del escalafón judicial, el juez de Paz.
En la medida en que la escogencia de los/as jueces obedezca a cuestiones meritocráticas en esa medida estaremos fortaleciendo el sistema judicial, porque estaremos más apartados de aquellas cuestiones que tienen que ver con una política partidista. Aunque es importante aclarar que los/as jueces muchas veces quieren negar que ejercen un rol político, sin embargo, realmente desempeñamos ese rol, aunque eso no significa que debamos pertenecer a ningún partido político.
5-¿Cual reflexión han dejado de hacer los poderes del Estado respecto a la responsabilidad democrática de la magistratura?
Los/as jueces están teniendo un rol protagónico en el escenario político y en las decisiones políticas, en esa misma medida los/as políticos quieren tener incidencia en la selección de los/as jueces. De alguna manera eso pudiera tener relación con querer tener mucho mayor incidencia en la selección de los/as jueces precisamente para que los/as políticos tengan garantizados a futuros/as jueces que pudieran componer los órganos judiciales. Es lamentable que situaciones así se produzcan, no obstante, es una cuestión que ha pasado y seguirá pasando en todos los países del mundo.
6-¿Cuáles aspectos negativos surgen a raíz del fenómeno de la judicialización de la política?
En primer término, habrá una sobrecarga en el aparato judicial sobre todo porque la ciudadanía se genera expectativas con relación a las controversias que llegan a los tribunales, es decir habrá mayor demanda de justicia frente a problemas que realmente no competen al escenario judicial, entonces se va a generar una sobrecarga que a largo plazo el Poder Judicial no lo va a poder resolver.
En segundo lugar, el proceso de la “judicialización política” tiene incidencia negativa en lo relativo a que el ciudadano/a se torna cada vez más desatendido, careciendo de participación en la democracia participativa, la cual tiene incidencia en la resolución de los problemas políticos nacionales. Entonces le va confiriendo esa responsabilidad a los tribunales, cuando son cuestiones que pueden ser resueltas a través de manifestaciones ciudadanas.
Esto también provoca una falta de empoderamiento en el ciudadano/a, dejándoles erróneamente esa responsabilidad a los/as jueces porque son soluciones de problemas que no son competencia de la justicia. De esa manera se suscitan una serie de factores que en nada contribuyen al fortalecimiento del Poder Judicial y a la consolidación de un verdadero Estado de derecho.
7-¿Cuáles mecanismos son necesarios para regularizar la “judicialización de la política?
En este proceso la voluntad política es esencial porque en la judicialización política incide el traspaso de responsabilidades que corresponden a otros segmentos políticos hacia la judicatura, y son precisamente los componentes de esos segmentos políticos quienes lo están haciendo. Entonces, en la medida en que los/as políticos no asuman sus responsabilidades, seguirán sobrecargando al sistema judicial de cuestiones que no son la esencia del Poder Judicial.
8-¿Considera que la República Dominicana necesita un sistema de contrapesos más eficaz?
El Poder Judicial está siendo un sistema de contrapeso, sobre todo cuando con el Tribunal Constitucional, con las nuevas funciones que le han sido conferidas, sin embargo, si no hay un Tribunal Constitucional fortalecido e independiente, no creo que habrán buenas expectativas, en el sentido de que su rol pueda ser ejercido a cabalidad, porque sus funciones son extremadamente controladoras hacia otros poderes del Estado.
Tiene que haber independencia no solamente a nivel del Tribunal Constitucional, sino del sistema judicial completo, porque se ha conservado con la nueva Constitución lo que es “el control difuso de la constitucionalidad de la ley”, el cual queda a cargo de los jueces del orden judicial ordinario. Es decir, que esas facultades del control de la constitucionalidad de la ley no sólo quedarán reservadas al Tribunal Constitucional, sino que los tribunales del orden judicial ordinario pueden seguirlo haciendo aun cuando los efectos sean diferentes, porque cuando se pronuncie el Tribunal Constitucional en una acción en inconstitucionalidad de la ley los efectos serán “erga omnes” respecto de todos/as. No obstante, cuando lo haga un tribunal ordinario del orden judicial los efectos serán “interpartes”, solamente van a afectar a las partes envueltas en esa litis determinada, no obstante, seguirá habiendo un control de constitucionalidad a nivel de los jueces ordinarios, y por tanto es importante el fortalecimiento de la independencia judicial.
9-¿Cómo evalúa el proceso de independencia del Poder Judicial dominicano?
Lo evalúo de manera positiva. Hacia el exterior el Poder Judicial ha tenido grandes avances, son muy pocas las denuncias que han podido registrarse con relación a tentativas de sectores de fuera para que se les complazca con decisiones judiciales. Ese avance lo relaciono con el sistema de implementación actual que se tiene para la judicatura nacional, pero que lamentablemente ese sistema de selección solamente opera para los jueces del orden jerárquico inferior y no así para los que habrán de componer la Suprema Corte de Justicia.
(*) Con esta entrega, Acento.com.do comienza una serie de trabajos especiales sobre el sistema judicial dominicano, a cargo de la joven abogada Felicia Tavárez Suárez
Publicado por el periódico Acento enlace: http://www.acento.com.do/index.php/news/5588/56/Por-que-los-jueces-asumen-problemas-que-les-corresponden-a-los-politicos.html
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