La realidad social, política, económica y jurídica de Latinoamérica nos reafirma a través de datos cualitativos y cuantitativos que estamos ante desafíos y problemáticas impostergables, siendo la discapacidad en sus distintos escenarios uno de los aspectos olvidados en los programas sociales y en el marco jurídico de los países latinoamericanos. La prioridad que requiere la discapacidad no sólo se fundamenta en una estructura legislativa que responda a las necesidades y al reconocimiento efectivo de los derechos de las personas con una capacidad diferente, se necesita una mayor conciencia social pasando de lo cotidiano a los distintos roles que desempeñamos en la sociedad.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 90 millones de personas en América Latina se encuentran afectadas por una discapacidad, sin embargo, estos indicadores se reflejan en distintas áreas, ya que el 70% de las personas con discapacidad está desempleada y alrededor del 82% vive bajo el umbral de la pobreza. Con estos datos estadísticos podemos llegar a nuestra primera conclusión; la carencia de programas incluyentes, de políticas públicas, de un marco jurídico que garantice de manera integral los derechos de las personas discapacitadas y la falta en un cambio de paradigma trae como resultado que la pobreza sea una de las barreras enlazadas a la falta de accesibilidad que tienen las personas con discapacidad.
El marco jurídico representa una herramienta trascendental para entender que las personas con una capacidad diferente somos sujetos de derechos, además de contextualizar el término “Discapacidad” más allá del paradigma médico. No podemos dejar de mencionar que diversos tratados internacionales han significado un gran paso de avance, para afianzar el compromiso de los Estados, logrando conquistas en : La Declaración Universal de los Derechos Humanos, El Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales y Culturales, La Convención sobre los Derechos del Niño, El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la readaptación profesional y el empleo de las Personas Inválidas, La Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad y recientemente en el 2006 La Convención de los derechos de las personas con discapacidad .
Los tratados internacionales encargados de promover y salvaguardar los derechos de los/las discapacitados/as no han sido suficientes ya que en el ordenamiento jurídico de la mayoría de los países latinoamericanos sigue presente la ausencia del reconocimiento de los derechos de los/las discapacitados/as en la realidad social, en la praxis, en la cotidianidad y en la accesibilidad, sobre todo carecemos de la creación de instrumentos legales fundamentados en la integración de los distintos escenarios donde las personas discapacitadas puedan desarrollarse.
Diversos países latinoamericanos necesitan adecuar los instrumentos legales destinados a salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad, en ese sentido la República Dominicana no cuenta con una estructura estadística que de manera confiable muestre el número concreto de los discapacitados/as, a esto le sumamos que el 80% presentan obstáculos para insertarse en el mercado laboral.
Un estudio realizado por el Ministerio de trabajo señala que en la República Dominicana: “El 28 por ciento de los consultados consideró que la empresa que les contrató tomó en cuenta sus capacidades, mientras que un 86% entiende que es 'difícil o muy difícil' conseguir trabajo con una condición física desventajosa. Por otro lado, el 64% de las empresas en las que participan estas personas no provee facilidades de horario o de equipos especiales para la realización del trabajo. Estas cifras muestran una realidad compleja y sobre todo paradójica ante los avances que presentan los países de la región en el sector económico y de manera específica en el área laboral.
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) además del sector salud y jurídico una de las áreas que más afecta a las personas con discapacidad es el escenario laboral, ya que dentro de las principales barreras están los salarios bajos, poco cualificados y la debilidad en la representación por parte de entidades que promuevan la erradicación de la invisibilidad jurídico-social de la discapacidad.
Concluyendo:
- El proceso de rehabilitación en sus distintos niveles es esencial, no obstante, en la mayoría de los países latinoamericanos presenta innumerables deficiencias, provocando que este proceso sea parcial.
- Un estudio realizado por la Fundación para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina (FOAL), y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) señala que el problema de las personas discapacitadas en Amèrica Latina está vinculado de manera directa a la pobreza, desigualdad y corrupción.
- Entendemos que la invisibilidad de la discapacidad en la región se evidencia en la falta de estadísticas confiables e investigaciones que tiendan a fortalecer el sistema legal y médico, así como en la debilidad de las políticas públicas, para generar empoderamiento y desarrollo social.
- Consideramos que a pesar de los desafíos, debilidades y ausencia de un marco jurídico responsable y comprometido con la causa, una herramienta trascendental en las personas con discapacidad es nuestro carácter, la aptitud para considerarnos capaces de desarrollarnos y contribuir en los distintos escenarios que componen a nuestra sociedad ya que DISCAPACIDAD no significa INCAPACIDAD.
- Las barreras sociales y jurídicas deben ser una fuente de motivación para crear estrategias que nos permitan tener una participación activa, incluyente e intersectorial, entendiendo que es una responsabilidad social, un derecho fundamental de todos/as y fortaleciendo nuestros argumentos y reclamos en lo que establece el Dr. Samaniego "Luchar por la discapacidad es luchar por una sociedad solidaria, no solitaria; por calidad y no caridad; por una política y una vivencia inclusivas e incluyentes; por una institucionalidad permanente y responsable"
Autora: Felicia Tavàrez Suárez
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