“¿Cuáles serían los elementos claves del “buen gobierno”?... En primer lugar, el buen gobierno reside en el Estado de derecho. Si hay algún elemento, más que cualquier otro, que constituye el núcleo interno de la democracia y distingue una sociedad progresista y moderna de una sociedad atrasada y medieval, éste es el Estado de derecho. Se trata del funcionamiento imparcial del Estado de derecho, que da dignidad a los débiles y justicia a los que carecen de poder. Garantiza la separación de poderes y salvaguarda a los ciudadanos/as de las arbitrariedades del poder absoluto. Protege las libertades individuales y las libertades civiles… Hay suficientes ejemplos, incluso en el mundo actual, que nos advierten de que las sociedades que carecen de un Estado de derecho eventualmente vivirán bajo el Estado de la jungla, donde el poder tiene la razón y quienes tienen las armas establecen las reglas” Inder Kumar Gujral
La República Dominicana vive una crisis institucional debido a la cultura de arbitrariedad que se promueve desde el poder ejecutivo. En nombre del interés “político” y vulnerando un mandato constitucional el Congreso de la República, específicamente la Cámara de Diputados/as aprobó el 15 de marzo del 2011 las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo a la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura con menos de las 2/3 partes como lo contempla nuestra constitución, así lo consolida la constitución dominicana en su artículo 112 “Las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales; la estructura y organización de los poderes públicos; la función pública; el régimen electoral; el régimen económico financiero; el presupuesto, planificación e inversión pública; la organización territorial; los procedimientos constitucionales; la seguridad y defensa; las materias expresamente referidas por la Constitución y otras de igual naturaleza. Para su aprobación o modificación requerirán del voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras”
Las leyes orgánicas están revestidas de un carácter especial y requieren de mayor consenso que las leyes ordinarias, así lo reafirma el artículo 102 de la constitución cuando establece “Si después de esta discusión, las dos terceras partes de los miembros presentes de dicha cámara la aprobaren de nuevo, será remitida a la otra cámara; y si ésta la aprobare por igual mayoría, se considerará definitivamente ley y se promulgará y publicará en los plazos establecidos en el artículo 101” Con esa aprobación se quiebra la institucionalidad y sobre todo la independencia que de manera saludable deben preservar los poderes del Estado ¿Por qué hablamos de la perdida de independencia entre los poderes del Estado? Porque ante ese escenario las observaciones presidenciales son puestas por encima de lo que establece la Constitución dominicana. Con una aprobación que viola un precepto constitucional se afecta a uno de los órganos más importantes del sistema de justicia dominicano, estamos hablando del Consejo Nacional de la Magistratura, un organismo que de manera responsable e independiente debe nombrar a los/as jueces encargados/as de impartir justicia.
No es una simple violación a la forma
Sabemos que las recientes acciones de la cámara de diputados/as constituye una evidente violación a los artículos 102 y 112 de la constitución, al aceptar las observaciones del presidente de la República aprobando la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura sin la mayoría cualificada, esa es la violación a la forma, sin embargo, paralelamente se plantean acciones semejantes en escenarios vitales en los que se puede debilitar la institucionalidad de los demás poderes del Estado. Con estas acciones inconstitucionales se pretende configurar un poder absoluto, para alimentar las decisiones emanadas del poder ejecutivo debilitando el orden y el equilibrio de los poderes del Estado.
Las Consecuencias de una ruptura institucional
· Con la violación a los preceptos constitucionales se materializa la amenaza de una crisis institucional que a su vez debilitaría pilares fundamentales como: la confianza, la seguridad jurídica, el escenario político y lo más importante la estabilidad “democrática”.
· La subordinación del poder legislativo y judicial ante las decisiones del ejecutivo laceran al Estado de Derecho, fortaleciéndose la desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad jurídica.
· La cultura de la impunidad adquiere preponderancia ante las recientes actuaciones del poder legislativo, en ese sentido el mensaje que se envía a la ciudadanía es que “la constitución es un instrumento al servicio del poder y de las decisiones particulares, para beneficios políticos”.
· Estas acciones por parte de la Cámara de Diputados generaría escenarios similares en la elección de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional y en otros escenarios donde la prioridad debe ser el consenso político y social, fortaleciendo de manera indeleble a la democracia.
Concluyendo:
· Es trascendental rechazar en todas sus formas la violación a la Constitución pues el clima de impunidad y atropellos hacia el orden constitucional se traduce en inseguridad ciudadana y en la falta de confianza hacia nuestras instituciones.
· Estamos en presencia de lo que denominamos un proceso negativo de judicialización política, donde la “pasión política” alcanza a la estructura judicial. Entender la reciente y lamentable posición de los diputados/as implica que cuestionemos nuestra “democracia” y sobre todo la gestión del Consejo Nacional de la Magistratura ya que como establece el Dr. Carlo Guarnieri “Las democracias comparten en todo caso una característica fundamental : la independencia del juez, o sea, un conjunto de garantías destinadas a asegurar su imparcialidad, respecto a las partes en causa y respecto a las otras instituciones políticas”
· La esperanza del cambio y el fortalecimiento del escenario político, jurídico y social descansa en la Juventud, con nuestra vigorosidad, ideas, y las ansias de tener una sociedad organizada podemos lograr ser una voz indeleble que luche por encausarnos hacia una conciencia social comprometida cimentada en los valores democráticos y constitucionales.
· Representa un aliciente el recurso de inconstitucionalidad presentado por La Coalición por un Proceso de Selección Judicial Transparente contra la recién “aprobada” Ley del Consejo Nacional de la Magistratura. Entendemos que con ese recurso se pretende que la integración de nuestros organismos sean realizados dentro del marco de la legalidad, para que de esa manera seamos capaces de guiar nuestro desarrollo social y económico.
· Reafirmamos lo establecido por la Coalición por un Proceso de Selección Judicial Transparente “La democracia es un proceso de largo plazo que debe construirse en beneficio de todos/as y con la participación de todos y todas. Rechazamos la violación a la Constitución de la República y la concentración de poder en el Consejo Nacional de la Magistratura”
Autora: Felicia Tavárez Suárez
0 comentarios:
Publicar un comentario