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"Pueblo dominicano es víctima de “engaño, burla y fraude” con el Defensor del Pueblo”

“Al pasar la crisis hay grandes sacrificios y los sacrificios son la gente más relegada, y pobres donde desafortunadamente se continúa ensanchando la brecha. América Latina y el Caribe han pasado la crisis, pero hay mucha gente sobrenaturalmente rica”
Felicia Tavárez Suárez/Especial para Acento.com.do (*)
América Latina y el Caribe enfrentan desafíos comunes, realidades sociales que condicionan su desarrollo y la garantía de los derechos humanos, en ese sentido  la seguridad ciudadana es una de las asignaturas pendientes de nuestros países, teniendo como resultado los altos índices de criminalidad e inseguridad. Los países de la región no han trazado los lineamientos necesarios para la prevención y control de la criminalidad, esto lo reafirmamos por la ausencia de políticas públicas y el compromiso de los Estados en entender la seguridad ciudadana desde la dimensión de los derechos humanos y de la seguridad humana. La falta de prioridad en este tema ha provocado la debilidad institucional en los cuerpos policiales y la desconfianza hacia los actores encargados de preservar la seguridad de los/as ciudadanos/as.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala en el informe sobre “Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos” que: “La seguridad ciudadana debe ser concebida como una política pública, entendiendo por esta los lineamientos o cursos de acción que definen las autoridades de los Estados para alcanzar un objetivo determinado, y que contribuyen a crear o transformar las condiciones en que se desarrollan las actividades de los individuos o grupos que integran la sociedad”. Partiendo de este planteamiento, pero sobre todo  del contexto social de la región  y de los altos niveles de criminalidad, violencia y vulneración de los derechos humanos, podemos afirmar que las políticas públicas, la responsabilidad y las acciones de los estados no son integrales. La República Dominicana no ha sido la excepción, y en materia de seguridad ciudadana las grandes protagonistas han sido la ausencia de voluntad política y la falta de compromiso por parte de las autoridades en establecer objetivos claros que de manera eficaz contrarresten la inseguridad ciudadana.
SAN JOSÉ, Costa Rica.-Al retardar sin ninguna justificación la creación de la figura del Defensor del Pueblo, un mecanismo fundamental en las democracias modernas para garantizar los derechos cívicos y humanos a la ciudadanía, constituye una deuda de las autoridades dominicanas con su pueblo, según expone el especialista Roberto Cuéllar, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).
En una entrevista exclusiva concedida a Acento.com.do, el Dr. Cuéllar expone: “El defensor/a del pueblo ha sido un engaño, es una burla, es un fraude legal y político. La República Dominicana está en deuda. República Dominicana tiene una deuda no con América Latina, ni con el Caribe o con la democracia hemisférica, la deuda es con su gente, que  merece un defensor/a  del pueblo, porque es un país noble”.
En el marco de la celebración del XXIX Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos  “Justicia y Seguridad”, Acento.com.do entrevistó al Dr. Roberto Cuéllar, director ejecutivo del IIDH, quien ofreció una introspectiva sobre los principales desafíos de la región.
1-¿Cuáles reflexiones o prácticas han dejado de poner en marcha los estados para que la seguridad ciudadana sea una asignatura pendiente en nuestra región?
“Estamos a mitad de camino y hemos retrocedido, este es mundo muy complicado y la región de América Latina y el Caribe  donde vivimos, sufrimos y tenemos angustias ha sabido pasar la crisis. Sin embargo, al pasar la crisis hay grandes sacrificios y los sacrificios son la gente más relegada, y pobres donde desafortunadamente se continúa ensanchando la brecha.
"Sin dudas que América Latina y el Caribe  han pasado la crisis, pero hay mucha gente sobrenaturalmente rica, esta no es una frase inventada, es una frase que la he oído de alguien que ha trabajado con gente en extrema pobreza el padre Cela de la República Dominicana, le conocí cuando fue director de Fe y Alegría donde ha realizado un excelente trabajo, ahora lo designaron en Cuba con la labor de los jesuitas.
"El problema no es sólo la condición de extrema pobreza, también está el problema de que no son nadie, entonces los Estados no se han puesto a pensar que hay mucha gente que deja de ser nadie a principio de la vida. No estoy de acuerdo que sea el destino, es un problema de derechos humanos, toda política pública que no comprenda derechos, responsabilidad y obligaciones  queda en el vacío o se queda a mitad de camino”.
2-¿Cómo lograr que las estructuras policiales en América latina y el Caribe sean eficientes y estén enlazadas con los derechos humanos?
Lo he mantenido a lo largo de mi trabajo en el Instituto Interamericano de derechos humanos que empezó desde el año 1997 no hay que responsabilizar a la policía, la policía es parte estructural del gobierno  y son los/as político/as quienes confunden las carta de juego, las cartas democráticas y manipulan con ellas dependiendo de los votos que tienen, que quieren y que anhelan conseguir.
No defiendo a la policía, sin embargo, creo que la política de seguridad no es una política de golpes de suerte, sino una política estratégicamente bien planeada, que toque el sistema circulatorio tan deteriorado de la igualdad y del desarrollo social. En segundo lugar se necesita dignificar la profesión de la policía yo no veo más que a tres o cuatro países de América Latina dignificando como se debe  la profesión de la policía y  la profesión del magisterio.
Hemos acumulado muchas críticas, mucho odio contra la policía y a veces contra el magisterio y son probablemente las dos profesiones más útiles que han hecho grande a varios países.  Estados Unidos, Finlandia y Noruega  ¿En que se basó su democracia?  Los/as jóvenes se disputan por  tener un lugar en los cuerpos policiales como profesión, en el centro de Estados Unidos ¿Quiénes fueron los pensantes y servidores?
El Sheriff, la policía del condado que protegía a la gente, que garantizaba derechos, que acercaba y que mediaba. La mayoría de la policía en Estados Unidos, Europa y Canadá media en el conflicto, acerca a la ciudadanía, tratando de reparar daños y heridas sociales o con  intervenciones comunitarias no disparan como pasa frecuentemente en América Latina, no jalan el gatillo fácilmente, pero eso no es sólo problema  de la policía, es un problema de las políticas del gobierno.
Necesitamos políticas públicas en las cuales  los gobiernos conozcan la apuesta que hacen y por otro lado la responsabilidad  y obligación en  derechos que están comprometiendo al implementar  políticas garantistas y de seguridad. Una policía bien dotada, una policía bien entrenada, una policía con proyección comunitaria, una policía formal requiere de dinero y eso ni los gobiernos, ni las empresas privadas están dispuesto a hacerlo, prefieren pagar empresas privadas de seguridad. Cuando vea que un país realmente está invirtiendo en la policía y en el magisterio voy a creer que estamos empezando a cambiar.
3-¿Qué balance puede hacer sobre el crimen organizado y el narcotráfico en la región? ¿Cómo han respondido los estados?
Es preocupante, es grave, son mafias muy bien preparadas, bien entrenadas, y con códigos especiales que no solamente penetran en la política sino que quieren más democracia porque las democracias les sirven. A estas mafias  no les interesa derrocar a ningún gobierno, lo que les interesa es penetrar a los entresijos financieros, fiscales y de la empresa privada. Hay muchas empresas privadas que son stickers del tráfico ilícito, del blanqueo y del descontrol financiero.
La empresa privada es corresponsable de esta situación. Sin duda alguna no se ha perseguido como se debe a la corrupción y nuestros/as fiscales se quedan lentos/as y timoratos para no llegar arriba, caiga quien caiga. Las mafias se han aprovechado de los espacios de la democracia para sin atentar, ni tumbar gobiernos moverse en esos escenarios, por lo tanto se requiere de instituciones más fuertes, con coraje y sin miedo, fiscales que no le tengan temor de llegar hasta arriba en el combate a la corrupción.
Todo aquel pastor, sacerdote o ente religioso que envíe un mensaje falso y de manera sublime hable de la desigualdad está cometiendo un fraude espiritual con la gente. Todo/a aquel banquero y empresario/a que sirve mal o que juegue con el dinero ilícito está cometiendo un fraude financiero, toda aquella persona que sirve públicamente y que defrauda en el servicio está defraudando a la población.
"El problema nuestro es un fraude brutal al servicio público ante la gente. Necesitamos  más fiscales, hombres y mujeres que lleguen hasta arriba y que no tengan miedo, más policías decentes y cumpliendo su deber y una empresa privada corresponsable de la democracia, una democracia que nos permita avanzar como lo han hecho otros países de Europa y  América Latina. Un ejemplo es Uruguay  un país que tiene problemas, y  ha sabido salir adelante.
Chile con todo y las revueltas es un país que va animándose a dar saltos de calidad. Costa Rica que ha sido uno de los países de América Latina  más apreciados y respetados  tiene que hacer esfuerzos para no quedarse atrás y no relegarse. Costa Rica no es lo que era antes, pero hay que preservarle, todavía está a tiempo.
El poder de estas mafias es descomunal, hay por otro lado que señalar la responsabilidad que tienen los Estados ricos que trasiegan con el dinero de lo ilícito, la droga, trata de personas, migración y que nos han convertido en la ruta de la muerte, que sean corresponsables, responsables penalmente y no ser cómplices de este trasiego que ha hecho la ruta de la muerte en el Caribe, la ruta de la muerte en Centro América y buena parte de Suramérica.
Las cárceles están reventando, las cárceles son las franquicias del infierno y son el séptimo círculo del engranaje del mal. Recordemos los casos planteados en la exposición del Dr. César Barros en el Curso Interdisciplinario en derechos humanos sobre “El Funcionamiento de las Instituciones penitenciarias y derechos humanos”, el cual planteaba los casos que se suscitan en las cárceles: El interno que con su  cabeza jugaron fútbol, él que vendieron violado y termino con sida y matando a su esposa. Son historias de la realidad de las cárceles latinoamericanas que se quedan cortas.
En mi país, El Salvador es dantesco y descomunal el escenario de las cárceles. Es un problema de todos/as, la empresa privada tiene que ayudar a contrarrestar esta situación para mantener su carta de decencia, de lo contrario también está colaborando con encubrimientos a una mafia que es poderosa".
4-¿América Latina y el Caribe más que en desarrollo económico deben pensar en una economía del conocimiento? ¿Considera que la clave está en la educación?
En el campo de la educación el Instituto  Interamericano de derechos humanos (IIDH) está trabajando fuertemente. El país que más invierte al año por cabeza en educación primaria es Chile con $750 dólares; con eso usted no educa, y ahí podemos confirmar la deserción escolar ¿Cuánto invierten los estados en contener la deserción escolar? En el Instituto Interamericano de derechos humanos creemos que la escuela es el indicador que más cabalmente puede demostrar el grado de desigualdad de nuestras sociedades.
En cada país de América Latina encontramos que hay de 100 a 225 escuelas públicas de alto riesgo afectadas por la criminalidad. En México las escuelas se han convertido en las zonas de reclutamiento de las mafias, por igual en El Salvador, Guatemala y Honduras son el escenario de reclutamiento de las mafias y de  grupos muy preparados que les ofrece dinero  a los/as jóvenes a cambio de la tarea ingrata de matar, para que los/as jóvenes se llenen de sangre y se ensucien de impunidad, no olvidemos que  a los 18 años los/as jóvenes no pueden ser juzgados, entonces es perverso lo que están haciendo con nuestra juventud.
No solamente el problema de la adicción, de la comercialización, del tráfico y de lo que queda de droga en nuestros países sino el reclutamiento de los/as jóvenes para ser parte de la ruta de la muerte. La escuela hay que preservarla, la escuela hay que trabajarla y también la policía, sería una firme garantía para la preservación de la armonía y de lo poco de democracia que todavía tenemos en la región.
5-¿Cómo evalúa el trabajo de las organizaciones de derechos humanos? ¿Cuáles aspectos claves deben tener en cuenta para seguir  generando un impacto positivo en la sociedad basado en resultados?
Tengo esperanzas en la sociedad civil, tuve la dicha enorme de trabajar con el arzobispo Oscar Romero en El Salvador, en 1980, él nos enseñó que había que respetar, valorar y promover  la institucionalidad pública como servicio a la gente, que había que hacer en el servicio a la gente un área de derechos.
En aquel momento no habían Institutos, no había Corte Interamericana, lo que había era un derecho interno tímido y limitado, tampoco habían redes sociales (Twitter, Facebook). Sin embargo, las comunidades se organizaron con dos o tres ideas de vida digna, con dos o tres ideas de defensa de sus derechos, con la idea de acercar un poco más la justicia a la gente. Ojalá que no se pierdan esas fuentes dentro de la sociedad civil, que logren entender que el gran reto es promover la dignificación de la profesión de la escuela y del magisterio, ahí hay derechos que construir.
En segundo lugar que hagan que la gente vote conscientemente, que erradiquen las conductas populistas en materia electoral, estas conductas lo que hacen es generar un optimismo desmesurado,  hipócrita. Un/a candidato/a que dice “yo voy a cambiar el país” está mintiendo. En tercer lugar que dignifiquen, que ayuden no solamente a dignificar el servicio público, sino también a la propia policía, que logren hacer planes concurrentes con la entidad policial en acercarse a las comunidades.
No estoy diciendo expectativas que no se puedan lograr, veamos el ejemplo de Nicaragua un país pobre que tiene una policía muy respetada en toda América latina ¿Por qué? Porque apostó por la policía comunitaria, sin transar con el uso de la fuerza, sin perder el monopolio legitimo del uso de la fuerza, usando la fuerza racionalmente como último recurso y lo ha logrado, sin perder el cordón umbilical con el servicio comunitario con una parte de la sociedad civil que sabe lo que está pasando en sus comunidades.
En cuarto lugar, que no cambien la formación especializada, la ética por cursitos express o light para la formación. Tengo la esperanza que este  XXIX Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos “Justicia y Seguridad” lleve un mensaje de optimismo y esperanza para quienes sin ninguna duda arriesgan en las instituciones públicas, para los/as que luchan, para los/as que anhelan transformar un mundo muy complejo y excluyente , un mundo en donde hay derechos para unos/as cuantos y no hay derechos para muchas personas en la regióny para quienes anhelan que triunfe un poco más la democracia, los derechos de la gente más sufrida y  relegada de Latinoamérica que la tenemos por montones, gente que sufre el problema del desfavorecimiento de la democracia.
La República Dominicana está cerca de Haití el país más pobre de Latinoamérica, ustedes saben lo que es el problema de la solidaridad, relaten más esa historia que es lo que ha perdido el periodismo, esas historias personales. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos  ha ido tratando de que el periodismo refleje historias de derechos humanos desde la base con los/as sin tierra y con los/as sin trabajo. Lo he repetido en otras ocasiones no necesito disfrazarme de pobre para trabajar por ellos/as porque lo aprendí del arzobispo Oscar Romero quien me dijo: “ A usted lo he traído acá para que si viene de una familia acomodada sirva en conciencia no para que se disfrace, para que ponga su coraje y lo que tiene de conocimientos de  la justicia en favor de los desfavorecidos”  Los derechos humanos no son realizables sino entendemos desde donde vienen, de que mayorías populares estamos hablando y de que derechos fundamentales estamos hablando.
6-¿Cuál es el rol que debe desempeñar un/a  defensor/a del pueblo en el contexto socio-político?
La República Dominicana está en deuda y en una deuda desde hace 12 años. Ayer hable con alguien de la República Dominicana que quedo en los 6 finalistas para defensor/a del pueblo, pero eso es un engaño, es una burla, es un fraude legal y político, mientras no le sirva a las cámaras legislativas no habrá defensor/a del pueblo. El defensor/a del pueblo es para el pueblo, representa una función pública  y tiene que seguir las reglas de la democracia. Considero que sería mejor organizar una comisión de defensoría del pueblo en lugar de una persona,  porque a veces creemos los/as que trabajamos en derechos humanos que somos  los/as indignados/as, que somos los/as divos/as de los derechos humanos y eso no es cierto.
Siempre en derechos humanos hay que contradecir y considerar otras opiniones antes de  tomar decisiones y determinaciones. Se juega mucho con los derechos humanos de la gente no sólo con la vida sino con  el servicio eficiente y público, por tanto con todo respeto les digo que la República Dominicana tiene una deuda no con América Latina, ni con el Caribe o con la democracia hemisférica la deuda es con su gente, que  merece un/a defensor/a del pueblo porque es un país noble, tuve la oportunidad de conocerlo y conocer a su gente de todas las clases sociales. Aunque la corte ha establecido algunos planteamientos sobre la situación haitiana la República Dominicana tiene gente solidaria. Considero que la República Dominicana es una democracia formalmente avanzada, creo que se terminó la época del fraude electoral.
Ojalá que en las elecciones del próximo año las cosas se hagan mejor y con mayor eficacia, que sea un escenario que sirva para que esas deudas pendientes de la comisión de la defensoría del pueblo  se cumplan. Mi opinión es que el defensor/a del pueblo debe ser una comisión de tres personas para tener varias accesiones no solamente jurídica sino sociológica, psicológica, y educativa,  hay defensores/as que desde la educación hacen más que desde el punto de vista de las leyes porque la educación es transformadora. Espero que  la República Dominicana de una muestra de lo que sería una nueva etapa de una defensoría organizada y colectiva en derechos humanos.
En nuestras sociedades hay mucho cinismo, estamos perdiendo el tiempo en si hay fórmulas desde el capitalismo, del socialismo, de centro derecha, y lo que hace falta es humanismo. Hace falta servicio a la gente no servilismo, hace falta que las democracias se pongan las pilas como dicen en Nicaragua, que se conecten con la gente. Hace falta una atenta escucha a la ciudadanía por parte de los partidos y entidades  políticas, y de la sociedad civil más lucidez.
Hay que levantar las grandes luces que hicieron buena parte  de América en justicia,  en educación, solidaridad y no perder  de vista los derechos humanos desde la dimensión de la extrema pobreza y la desigualdad. No me disfrazo de pobre, no necesito hacerlo.
Sin embargo, el pensamiento es insobornable, esa fue parte de una invalorable enseñanza que adquirí en los tres años y veintidós días que tuve la dicha enorme de servir al más mundialista de todos nuestro centroamericanos el arzobispo Oscar Romero. No soy cura y tampoco un creyente ferviente, en lo que creí fue en las ideas de justicia del arzobispo Romero que antepuso todo su poder eclesial y bajo a la tierra. Ojalá que tengamos más políticos/as que bajen a la tierra y que escuchen atentamente los clamores de la ciudadanía y que tengamos  partidos políticos más cercanos a la sociedad civil.
Publicado por el periódico Acento enlace:
(*) Serie especial de entrevistas con juristas dominicanos e internacionales.

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Magistrado Arias Arzeno: El juez no puede ser totalmente ajeno a la política


“El juez es un ente social y dentro de este escenario también tenemos el aspecto político, cosa que debe respetarse, siempre que no afecte la correcta aplicación de la justicia”
Felicia Tavárez Suárez/Especial para Acento.com.do (*)
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Presidente de la República, Leonel Fernández Reyna, acaba de convocar al Consejo Nacional de la Magistratura, para el 11 de este mes de agosto.
El sistema judicial dominicano estará viviendo un momento trascendental que determinará el nivel de evolución que ha logrado el proceso de selección de quienes integrarán las altas cortes. A la par, el fenómeno de la “judicialización política” también se verá afectado en la medida que los/as jueces escogidos para conformar los distintos tribunales no respondan a criterios de idoneidad en el aspecto  ético y profesional.
El citado proceso, además de que debe cimentarse en la credibilidad y sobre todo en la transparencia, será el escenario perfecto para reafirmar o no el abandono de aquellas prácticas tradicionales que han estado vinculadas a posiciones político-partidarias en la República Dominicana.
Una oportunidad donde no sólo se ocuparán nuevas e importantes vacantes, sino que la voluntad de los actores involucrados en el proceso deberán garantizar  el fortalecimiento del sistema judicial y la selección democrática en la magistratura.
La promulgación de leyes y la creación de nuevos tribunales, además de generar expectativas han creado escepticismo en la ciudadanía. Si bien es cierto que en el sistema judicial y democrático de la República Dominicana se han obtenido importantes conquistas, todavía la debilidad institucional y del Estado de derecho siguen siendo problemas a superar.
Los desafíos se evidencian en la aprobación de normas orgánicas donde se ha vulnerado un mandato constitucional por el interés político, generándose una cultura de la  arbitrariedad que lacera el sistema democrático y la separación de los poderes del Estado.
La responsabilidad y el papel del juez son fundamentales al momento de salvaguardar un Estado de Derecho que garantice la seguridad jurídica y la libertad  ciudadana. Al respecto, el  Dr. Carlo Guarnieri apunta: “Las democracias comparten en todo caso una característica fundamental: la independencia del juez, o sea, un conjunto de garantías destinadas a asegurar su imparcialidad, respecto a las partes en causa y respecto a las otras instituciones políticas”.
Sobre estos temas Acento.com.do entrevistó al magistrado Samuel Arias Arzeno, juez representante ante el Consejo del Poder Judicial
1-¿Desde que perspectiva visualiza a la judicialización política en el escenario jurídico dominicano? ¿Cómo debemos entender ese proceso?
La política es un fenómeno social valido. El gran problema es la mala interpretación que se hace. Cuando hablamos de jueces, no podemos pensar en un ente totalmente ajeno a la política-. Al contrario, entiendo que el juez/a en el escenario judicial  desempeña un papel político, pero nunca debe vincularse a una actividad política partidista y, peor aún, que una decisión judicial no permita establecer la diferencia que como ser humano podamos tener respecto a una preferencia y al trabajo que realizamos. No creo que exista ni dentro, pero tampoco fuera del Poder Judicial, alguien totalmente ajeno a lo que es el papel político, porque todos vamos a tener una simpatía, lo importante es establecer que esa simpatía no sea lo suficientemente arraigada y que pudiera perjudicar los intereses de las partes envueltas en un proceso por el ‘favoritismo’ del juez, ya que ahí radicaría el gran problema.
2-¿Cuál debe ser el perfil  del juez/a  en el contexto de la judicialización política?
Personalmente aspiro a un juez más social, entiendo que no debe haber un/a juez/a  a espalda de la sociedad, antes se entendía al juez/a  como un  extraterrestre que impartía justicia al mundo, no obstante, hoy en día el juez tiene que tener un papel activo, sencillamente el juez es un ente social, y dentro de este escenario también tenemos el aspecto político, cosa que debe respetarse, siempre que no afecte la correcta aplicación de la justicia.
3-¿Cómo evalúa la independencia del Poder Judicial en la República Dominicana?
A medida que pasa el tiempo se va consolidando más el aspecto de independencia del Poder Judicial en nuestro país. En la Constitución se preserva un 75% de la cuota de los miembros de la Suprema Corte de Justicia a jueces del sistema de carrera judicial y el proceso de carrera judicial se inicia a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, es decir que es todo un proceso, tú pudieras alegar que pudo haber intervenido algún aspecto político en la designación de jueces, pero abarcaría apenas un 25% de la cuota de la Suprema Corte de Justicia. El juez/a de carrera no tiene absolutamente nada que ver con el aspecto político partidista, sencillamente quedó por un concurso de oposición, salió triunfador/a y fue aceptado por la escuela, duró dos años capacitándose y finalmente empieza como juez de paz, juez de primera instancia, Corte de Apelación etc. En ese sentido el Poder Judicial dominicano ha evolucionado.
4-Próximamente se reunirá el Consejo Nacional de la Magistratura ¿En qué medida ese proceso de escogencia puede contribuir al fortalecimiento del sistema judicial dominicano?
La convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura representa un escenario democrático sumamente interesante porque dentro del poder judicial tenemos jueces de una edad considerable cuya última oportunidad pudiera ser pasar a la Suprema Corte de Justicia, y hay mucha gente esperando este desarrollo, es una excelente oportunidad de pertenecer a la Suprema Corte de Justicia porque  es un proceso masivo de selección, tal vez muy pocas veces veamos tantas bacantes a ocupar en tribunales como los que se  presentan, estamos hablando de que muchos/as jueces del poder judicial se verán inclinados a integrarse al Tribunal Constitucional, al Supremo Electoral o la misma Suprema Corte de Justicia, es un proceso importante para el sistema judicial y democrático de nuestro país.
5-¿Cómo ha sido su  experiencia en el Consejo del Poder Judicial?
Ha sido un proceso interesante y a la vez distinto. El Consejo está compuesto por 5 jueces dos (2) de la Suprema Corte de Justicia que tal vez eran los únicos que tienen  experiencia con la administración del poder judicial, tenemos un representante del juzgado de Paz que es el magistrado Elías Santini, en primera instancia al magistrado Francisco Arias Valera y un servidor por la Corte de Apelación. Hasta el momento lo que habíamos hecho era fallar sentencias y hoy en día dejar a un lado esa parte jurisdiccional y dedicarnos a la administración del Poder Judicial es un proceso sumamente interesante, retador,  e innovador.
6-¿Puede el proceso de judicialización política representar un peligro para el sistema de justicia dominicano? ¿Aspectos negativos?
Es importante delimitar propiamente la competencia de cada uno de los órganos. En la República Dominicana tendremos un Tribunal Superior Electoral que básicamente deberá regir todos los aspectos relacionados con la vida política partidista. Al hablar de política, a grandes rasgos habría que ver cuáles aspectos pudieran corresponder al Poder Judicial. En cuanto a la tendencia de la judicialización política, podrá haber sus críticas, no obstante los jueces debemos tomar una decisión en la medida en que se requiera. Si el deber está en el Tribunal Superior Electoral, pues ese tribunal tomara su decisión, pero si está dentro de uno de los órganos del Poder Judicial, también se hará lo propio y lo que le corresponde.
7-¿Cuál sería su balance respecto al tipo de respuesta que le ha dado el sistema judicial a la corrupción política en la República Dominicana?
Es importante resaltar que el Poder Judicial no se apodera de los casos, debe de dar respuesta en la medida en que se le requiere, en la medida en que los actores apoderan a un tribunal para que decida. Considero que en ese aspecto debemos sentirnos contentos, porque desde el Poder Judicial se le ha dado respuesta a ese tipo de situaciones, lógicamente que para todo juzgador existen dos escenarios: que sus decisiones favorezcan  o perjudiquen. Asimismo, en ese proceso de decisión judicial está el riesgo de que la gente te odie o te adore  atendiendo  a la inclinación de la balanza, sin embargo, en los casos políticos sonoros no hay forma de que se pueda salir ileso. El día en que se emita una decisión en donde todo el mundo se sienta conforme es porque no hiciste nada.
8-¿Qué opina de los cables de la Embajada de EE.UU, obtenidos por Wikileaks, que hacen referencia  a la Suprema Corte de Justicia?
Creo que tanto el magistrado Luciano Pichardo como el magistrado (Jorge) Subero Isa, en una rueda de prensa conjunta, expusieron su posición en relación al caso. De buena gana considero que no compete al Consejo del Poder Judicial establecer un planteamiento, porque es un asunto que atañe a la Suprema Corte de Justicia y no es prudente emitir un juicio respecto a ese caso.
(*) Serie de trabajos especiales sobre el sistema judicial dominicano.

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¿Por qué los jueces asumen problemas que les corresponden a los políticos?

La magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez habla sobre la judicialización de la política y el poder político de los/as jueces dominicanos
Felicia Tavárez Suárez/Especial para Acento.com.do (*)
República Dominicana.-El rol de los/as jueces en el escenario político adquiere cada día más importancia, debido a que sus decisiones repercuten en la esfera política. También porque el aumento de estas decisiones judiciales ha venido acompañado de la expansión del Poder Judicial y su capacidad de incidir en el ámbito constitucional y administrativo, así como en otras jurisdicciones especializadas donde la política tiene un rol esencial.
A este fenómeno  se le ha denominado “judicialización de la política”, y surge a partir de las controversias vinculadas a los asuntos públicos que de alguna manera activan políticamente lo que se ha denominado como “activismo judicial”.
El tema apasiona y genera debate entre los protagonistas de la esfera judicial y la política. Hay posiciones encontradas en cuanto a la influencia política de las magistraturas y a su diversificación en la solución de conflictos políticos que no corresponden  al Poder Judicial, produciéndose un desgaste de la justicia en sus distintas manifestaciones.
Conjuntamente con el proceso expansivo del Poder Judicial, en el escenario político al juez/a  se le exige nuevas responsabilidades en sus actuaciones  que permitan garantizar de manera efectiva la institucionalidad de la justicia. En este proceso de judicialización  se plantean dos escenarios: Una sociedad que demanda una actuación responsable de los/as jueces y un Poder Judicial que requiere que los/as políticos/as busquen soluciones a problemas que en esencia no  corresponden  al sistema judicial.
Ante el fenómeno de la judicialización política a nivel  mundial  la República Dominicana no es la excepción y actualmente en el sistema judicial y político dominicano se puede confirmar esa tendencia, los distintos procesos políticos y sociales han reafirmado la expansión cuantitativa y cualitativa del Poder Judicial en el escenario democrático provocando que  el juez/a se constituya en un actor político como consecuencia de sus decisiones y de las garantías destinadas a asegurar, sin embargo,  ¿Cómo ha sido el desarrollo de la judicialización política en nuestro país? ¿Cuál ha sido su impacto y hasta qué punto debe regularse la participación judicial en este proceso?
Sobre el tema entrevistamos a la Dra. Katia Miguelina Jiménez Martínez, jueza de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
1-¿Cómo evalúa usted, magistrada Jiménez Martínez la expansión del Poder Judicial  en el marco de lo que se ha denominado “Judicialización de la Política”?
El proceso de judicialización de la política tiene como objetivo traspasar a la justicia por parte de ciertos segmentos de los sectores políticos problemas que ellos no han podido resolver, entonces lo transfieren al Poder Judicial, lo cual tiene sus virtudes, pero también tiene sus desventajas. El proceso de la judicialización de la política es producto del desencanto de los ciudadanos/as  hacia los/as políticos/as. Eso ha provocado que la ciudadanía genere expectativas en la solución de problemas que originariamente no son del Poder Judicial. Un ejemplo es el tema de la seguridad ciudadana, este es un tema que no le corresponde resolverlo a los/as jueces, sin embargo, se estila que el reclamo de la ciudadanía sobre la seguridad ciudadana también se lo endosen al Poder Judicial.
Algunos factores que han dinamizado el protagonismo de la justicia a través de este fenómeno mundial denominado “judicialización de la política” se debe al  neoconstitucionalismo , que viene siendo la proclamación de una serie de derechos en las constituciones, al tiempo  que esa proclamación de derechos fundamentales viene acompañado de un tribunal de garantías constitucionales, tribunal que tenemos en la República Dominicana contemplado en nuestra reciente Constitución. El hecho de que se ponga a cargo de los/as jueces garantizar la preservación de esos derechos fundamentales, una  función esencial del Estado, hace que se produzca en el Poder Judicial una mayor incidencia en la vida política nacional.
El proceso de la “judicialización de la política” tendrá mayor incidencia en nuestro país en la medida en que se constituya el Tribunal Constitucional. Eso se debe a que ciertos segmentos del escenario político no han podido resolver algunos problemas que son propios de la actividad política
2-¿Cuáles debilidades presenta la incidencia política de la justicia en la democracia dominicana?
El hecho de que los/as políticos/as no escapen al control de la actividad judicial frente al incumplimiento de sus actividades ha sido otro  factor que ha dinamizado el proceso de la “judicialización de la política”. A través del control de la constitucionalidad de la ley que estará a cargo del Tribunal Constitucional, que en la actualidad está a cargo de la Suprema Corte de Justicia, la judicatura asume una responsabilidad de control de la actuación del Poder Legislativo,  del Poder Ejecutivo y de los órganos de la administración en sentido general. Es una gran responsabilidad, ese es otro factor de dinamización del fenómeno de la expansión de la judicatura en el sector de la política.
El proceso de la “judicialización de la política” tendrá mayor incidencia en nuestro país en la medida en que se constituya el Tribunal Constitucional. Eso se debe a que ciertos segmentos del escenario político no han podido resolver algunos problemas que son propios de la actividad política (cuando hablo de “actividad política” no me refiero a la política partidista sino a la que tiene como objetivo la solución de conflictos organizadamente). Como esos problemas no lo han podido resolver, los/as políticos/as de alguna manera ellos/as mismos propician el que se traspase hacia la justicia la solución de problemas de tipo sociales, económicos y culturales, que en realidad no son la esencia de la existencia de los/as jueces y tampoco del Poder Judicial.
3- ¿Cuál es el perfil del juez que se demanda en ese nuevo proceso denominado “judicialización de la política?
Que sean jueces independientes, porque en la medida en que no tengamos una justicia independiente  en esa misma medida no servirá de nada que nuestra Constitución contenga una serie de derechos proclamados y que al final de cuentas no les serán  preservados a las personas a cuyo favor han sido concebidos. Si no tenemos independencia no habrá un real control de otros actores de la vida política nacional a través de los distintos poderes del Estado. De manera que la justicia debe ser independiente e imparcial además de otras condiciones que vienen agregadas y  que deben ser parte del perfil del juez/a y del Estado constitucional.
Lo deseable sería que se haga una evaluación de  la trayectoria de cada persona que está aspirando a un cargo en los tribunales, es decir, su trayectoria profesional, y que más que nada exista transparencia en la selección de los/as jueces que conformaran el Tribunal Constitucional, en la evaluación de los jueces actuales que conforman la Suprema Corte de Justicia y en  los/as jueces del Tribunal Superior Electoral.
4-¿Cómo ha influido el reclutamiento de los jueces dominicanos/as en la composición social,  judicial y en la independencia de los demás poderes del Estado?
En la actualidad hemos tenido grandes progresos en el Poder Judicial. A raíz de la reforma que surgió en el año 1997, con la elección de la actual Suprema Corte de Justicia, los/as jueces dejamos de ser seleccionados/as por un proceso carente de institucionalidad. En la actualidad tienen que someterse a un proceso de concurso por oposición para poder aspirar y tener acceso a una carrera judicial que empieza por el juez más pequeño del escalafón judicial, el juez de Paz.
En la medida en que la escogencia de los/as jueces obedezca a cuestiones meritocráticas en esa medida estaremos fortaleciendo el sistema judicial, porque estaremos más apartados de aquellas cuestiones que tienen que ver con una política partidista. Aunque es importante aclarar que los/as jueces muchas veces quieren negar que ejercen un rol político, sin embargo,  realmente desempeñamos ese rol, aunque eso no significa que debamos pertenecer a ningún partido político.
5-¿Cual reflexión han dejado de hacer los poderes del Estado respecto a la responsabilidad democrática de la magistratura?
Los/as jueces están teniendo un rol protagónico en el escenario político y en las decisiones políticas, en esa misma medida los/as políticos quieren tener incidencia en la selección de los/as jueces. De alguna manera eso pudiera tener relación con querer tener mucho mayor incidencia en la selección de los/as jueces precisamente para que los/as políticos tengan garantizados a futuros/as jueces que pudieran componer los órganos judiciales. Es lamentable que situaciones así se produzcan, no obstante, es una cuestión que ha pasado y seguirá pasando en todos los países del mundo.
6-¿Cuáles aspectos negativos surgen a raíz del fenómeno de la judicialización de la política?
En primer término, habrá una sobrecarga en el aparato judicial sobre todo porque la ciudadanía se genera expectativas con relación a las controversias que llegan a los tribunales, es decir habrá mayor demanda de justicia frente a problemas que realmente no competen al escenario judicial, entonces se va a generar una sobrecarga que a largo plazo el Poder Judicial no lo va a poder resolver.
En segundo lugar, el proceso de la “judicialización política” tiene incidencia negativa en lo relativo a que el ciudadano/a se torna cada vez más desatendido, careciendo de participación en la democracia participativa, la cual tiene incidencia en la resolución de los problemas políticos nacionales. Entonces le va confiriendo esa responsabilidad a los tribunales, cuando son cuestiones que pueden ser resueltas a través de manifestaciones ciudadanas.
Esto también provoca una falta de empoderamiento en el ciudadano/a, dejándoles erróneamente esa responsabilidad a los/as jueces porque son soluciones de problemas que no son competencia de la justicia. De esa manera se suscitan una serie de factores que en nada contribuyen  al fortalecimiento del Poder Judicial  y a  la consolidación de un verdadero Estado de derecho.
7-¿Cuáles mecanismos son necesarios para regularizar la “judicialización de la política?
En este proceso la voluntad política es esencial porque en la judicialización política  incide el traspaso de responsabilidades que corresponden a otros segmentos políticos hacia la judicatura, y son precisamente los componentes de esos segmentos políticos quienes lo están haciendo. Entonces, en la medida en que los/as políticos no asuman sus responsabilidades, seguirán sobrecargando al sistema judicial de cuestiones que no son la esencia del Poder Judicial.
8-¿Considera que la República Dominicana necesita un sistema de contrapesos más eficaz?
El Poder Judicial está siendo un sistema de contrapeso, sobre todo cuando con el Tribunal Constitucional, con las nuevas funciones que le han sido conferidas, sin embargo, si no hay un Tribunal Constitucional fortalecido e independiente, no creo que habrán buenas expectativas, en el sentido de que su rol pueda ser ejercido a cabalidad, porque sus funciones son extremadamente controladoras hacia otros poderes del Estado.
Tiene que haber independencia no solamente a nivel del Tribunal Constitucional, sino del sistema judicial completo, porque se ha conservado con la nueva Constitución lo que es “el control difuso de la constitucionalidad de la ley”, el cual queda a cargo de los jueces del orden judicial ordinario. Es decir, que esas facultades del control de la constitucionalidad de la ley no sólo quedarán reservadas al Tribunal Constitucional, sino que los tribunales del orden judicial ordinario pueden seguirlo haciendo aun cuando los efectos sean diferentes, porque cuando se pronuncie el Tribunal Constitucional en una acción en inconstitucionalidad de la ley los efectos serán “erga omnes” respecto de todos/as. No obstante, cuando lo haga un tribunal ordinario del orden judicial los efectos serán “interpartes”, solamente van a afectar a las partes envueltas en esa litis determinada, no obstante,  seguirá habiendo un control de constitucionalidad a nivel de los jueces ordinarios, y por tanto es importante el fortalecimiento de la independencia judicial.
9-¿Cómo evalúa el proceso de independencia del Poder Judicial dominicano?
Lo evalúo de manera positiva. Hacia el exterior el Poder Judicial ha  tenido grandes avances, son muy pocas las denuncias que han podido registrarse con relación a tentativas de sectores de fuera para que se les complazca con decisiones judiciales. Ese avance lo relaciono con el sistema de implementación actual que se tiene para la judicatura nacional, pero que lamentablemente ese sistema de selección solamente opera para los jueces del orden jerárquico inferior y no así para los que habrán de componer la Suprema Corte de Justicia.
(*) Con esta entrega, Acento.com.do comienza una serie de trabajos especiales sobre el sistema judicial dominicano, a cargo de la joven abogada Felicia Tavárez Suárez

 

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