En las distintas sociedades latinoamericanas se ha pretendido buscar “soluciones” a las problemáticas sociales y jurídicas que emanan de las denominadas; pandillas, Maras, Hooligan, entre otros calificativos enlazados a este tipo de organizaciones donde una gran cantidad de sus integrantes son adolescentes y grupos juveniles dedicados a materializar hechos delictivos. En el caso de la República Dominicana el tema de la criminalidad juvenil o delincuencia juvenil ha cobrado recientemente una notable preponderancia, sin embargo, en los distintos escenarios hay diversidad de tendencias, pero una errada concepción de nuestra realidad social y de las técnicas jurídicos-sociales, para contrarrestar esa problemática.
En nombre de la “seguridad ciudadana” o la “seguridad jurídica” se ha pretendido buscar fórmulas penales y medidas coercitivas que en esencia carecen de respuestas técnicas, que no están fundamentadas en verdaderas garantías procesales y en un sistema penal eficiente al momento de erigir las normas, así como en su aplicación en los distintos escenarios. Para una problemática compleja como lo representa el creciente número de menores de edad que incurren en actos delictivos, en la sociedad dominicana se ha querido mantener un discurso con propuestas aventuradas, mostrando un marcado desdén hacia un ordenamiento penal que responda a la realidad social.
Realizando una introspectiva estadística por las diferentes sociedades latinoamericanas la delincuencia juvenil en los últimos años ha aumentado en más de un 30% comprendiendo las edades de 16 a 19 años de edad. La UNICEF en diferentes estudios ha establecido que: “En América Latina los institutos de internación alcanzan a cubrir solamente el 4.5% del fenómeno de los llamados menores de edad en "situación irregular". De lo que se desprende que, además de sus desventajas y efectos negativos (tales como el de "prisionización" y "rotulamiento" de los niños/as), los institutos de internamiento no son la solución posible hacia la que los países en vías de desarrollo podrían orientarse." Los acontecimientos suscitados recientemente en la República Dominicana respecto a la criminalidad juvenil han hecho despertar a un populismo punitivo que plantea respuestas súbitas, abrazando la irracionalidad jurídica cuando establece mecánicos como; un sistema penal con un mayor grado de represión, viendo de manera radical a los individuos como “peligrosos” más que como ciudadanos y ciudadanas .( Para entender a mayor profundidad el último planteamiento ver: El Derecho Penal del enemigo, del Prof. Gunther Jakobs).
La teoría denominada “indiferencia de las sanciones” desarrollada por connotados criminólogos se encarga de desmontar el argumento simplista que plantea: “A mayor pena menor delincuencia”. La teoría (La indiferencia de las sanciones) ha demostrado que las diferentes sanciones que se han empleado en la normativa penal a través de los años no han sido suficientes, es decir, han sido deficientes en la disminución de la delincuencia juvenil. Lo que plantea la teoría en concreto es lo siguiente: “Las razones por las cuales las personas deciden realizar hechos delictivos son otras, y la pena prevista en la ley cuenta sólo algunas veces para determinar los costos del hecho (riesgo), como ocurre en materia de drogas, homicidio, o en delitos como el aborto”.
Debemos considerar que la eficiencia del Derecho Penal no se mide por la cantidad de reformas y mecanismos jurídicos, entendemos que mientras el nivel de analfabetismo en los menores de edad, la baja calidad en el sistema educativo dominicano y la falta de políticas públicas pertinentes estén presentes, pero sobre todo mientras la sanción adecuada, la prevención y la rehabilitación no sean parte inherente de nuestro sistema penal, estaremos lejos de una solución seria ante ese desafío. Las “fórmulas penales” enlazadas al populismo punitivo son las causantes de generar escenarios irracionales y abundantes planteamientos simplistas. Como parte de la solución a la delincuencia en general, pero en este caso a la delincuencia juvenil es perentorio contar con un aparato policial capacitado y especializado, con instituciones que adopten un discurso más que represivo, preventivo, y diseñar directrices que aporten soluciones viables apartándose de un sistema tradicional que no ha dado resultado.
Concluyendo:
•Seguimos cuestionando al sistema penal que basado en la idea de represión pretende generar regulación en los escenarios jurídico-sociales.
•No sólo se trata de que a estos infractores(as), imputados(as), o acusados(as) se les impongan la sanción contemplada en la normativa penal, se trata de contar con una garantía real en su reinserción social.
•Necesitamos un ordenamiento jurídico que responda a nuestra realidad social, es decir, hacer un ejercicio pragmático de esa realidad.
•Reafirmamos que ante la problemática de la delincuencia juvenil las “fórmulas penales” empleadas han sido además de insuficientes carentes de un discurso técnico e integral, mientras tanto coincidimos con lo planteado por el Dr. Nicolás Espejo: “Para problemas complejos no existen respuestas rápidas, ni recetas mágicas y quienes dan recetas mágicas es porque no tienen la respuesta técnica”
Autora: Felicia Tavàrez Suárez
