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La arbitrariedad legislativa vulnera el Orden Constitucional dominicano…





“¿Cuáles serían los elementos claves del “buen gobierno”?... En primer lugar, el buen gobierno reside en el Estado de derecho. Si hay algún elemento, más que cualquier otro, que constituye el núcleo interno de la democracia y distingue una sociedad progresista y moderna de una sociedad atrasada y medieval, éste es el Estado de derecho. Se trata del funcionamiento imparcial del Estado de derecho, que da dignidad a los débiles y justicia a los que carecen de poder.  Garantiza la separación de poderes y salvaguarda a los ciudadanos/as de las arbitrariedades del poder absoluto. Protege las libertades individuales y las libertades civiles… Hay suficientes ejemplos, incluso en el mundo actual, que nos advierten de que las sociedades que carecen de un Estado de derecho eventualmente vivirán bajo el Estado de la jungla, donde el poder tiene la razón y quienes tienen las armas establecen las reglas” Inder Kumar Gujral

La República Dominicana vive una crisis institucional debido a la cultura de arbitrariedad que se promueve desde el poder ejecutivo. En nombre del interés “político” y vulnerando un mandato constitucional  el Congreso de la República, específicamente la Cámara de Diputados/as aprobó el 15 de marzo del 2011 las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo a la  ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura con menos de las 2/3 partes como lo contempla nuestra constitución, así lo consolida  la constitución dominicana en su artículo 112 “Las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales; la  estructura y organización de los poderes públicos; la función pública; el régimen electoral; el régimen económico financiero; el presupuesto, planificación e inversión pública; la organización territorial; los procedimientos constitucionales; la seguridad y defensa; las materias expresamente referidas por la Constitución y otras de igual naturaleza. Para su aprobación o modificación requerirán del voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras”

Las leyes orgánicas están revestidas de un carácter especial y requieren de mayor consenso que las leyes ordinarias, así lo reafirma el artículo 102 de la constitución cuando establece “Si después de esta discusión, las dos terceras partes de los miembros presentes de dicha cámara la aprobaren de nuevo, será remitida a la otra cámara; y si ésta la aprobare por igual mayoría, se considerará definitivamente ley y se promulgará y publicará en los plazos establecidos en el artículo 101”  Con esa aprobación se quiebra la institucionalidad y sobre todo la independencia que de manera saludable deben preservar los poderes del Estado ¿Por qué hablamos de la perdida de independencia entre los poderes del Estado? Porque ante ese escenario las observaciones presidenciales son puestas por encima de lo que establece la Constitución dominicana. Con una aprobación que viola un precepto constitucional  se afecta a uno de los órganos más importantes del sistema de justicia dominicano, estamos hablando del Consejo Nacional de la Magistratura, un organismo  que de manera responsable e independiente debe nombrar  a los/as jueces encargados/as de impartir justicia.

No es una simple violación a la forma
Sabemos que las recientes acciones de la cámara de diputados/as constituye una  evidente violación a los artículos 102 y 112 de la constitución,  al aceptar las observaciones del presidente de la República aprobando la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura sin la mayoría cualificada, esa es la violación a la forma, sin embargo, paralelamente se plantean acciones semejantes en escenarios vitales en los que se puede debilitar la institucionalidad de los demás  poderes del Estado. Con estas acciones inconstitucionales se pretende configurar un poder absoluto, para alimentar las decisiones emanadas del poder ejecutivo debilitando el orden y el equilibrio de los poderes del Estado.
Las Consecuencias de una ruptura institucional

·      Con la violación a los preceptos constitucionales se materializa la amenaza de una crisis institucional que a su vez debilitaría pilares fundamentales como: la confianza, la seguridad jurídica, el escenario político y lo más importante la estabilidad “democrática”.

·      La subordinación del poder legislativo y judicial ante las decisiones del ejecutivo laceran al  Estado de Derecho, fortaleciéndose la desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad jurídica.

·       La cultura de la impunidad adquiere preponderancia ante  las recientes actuaciones del poder legislativo, en ese sentido el mensaje que se envía a la ciudadanía es que “la constitución es un instrumento al servicio del poder y de las decisiones particulares, para beneficios políticos”.

·      Estas acciones por parte de la Cámara de Diputados generaría escenarios similares en la elección de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional y en otros escenarios donde la prioridad debe ser el consenso político y social, fortaleciendo de manera indeleble a la democracia.
Concluyendo:

·      Es trascendental rechazar en todas sus formas la violación a la Constitución pues el clima de impunidad y atropellos hacia el orden constitucional se traduce en inseguridad ciudadana y en la falta de confianza hacia nuestras instituciones.


·      Estamos en presencia de lo que denominamos un proceso negativo de judicialización política, donde la “pasión política” alcanza a la estructura judicial. Entender la reciente y lamentable posición de los diputados/as implica que cuestionemos nuestra “democracia” y sobre todo la gestión del Consejo Nacional de la Magistratura ya que como establece el    Dr. Carlo Guarnieri “Las democracias comparten en todo caso una característica fundamental : la independencia del juez, o sea, un conjunto de garantías destinadas a asegurar su imparcialidad, respecto a las partes en causa y respecto a las otras instituciones políticas”

·      La esperanza del cambio y el fortalecimiento del escenario político, jurídico y social descansa en la Juventud, con nuestra vigorosidad, ideas, y las  ansias de tener una sociedad organizada podemos lograr ser una voz indeleble que luche por encausarnos hacia una conciencia social comprometida cimentada en los valores democráticos y constitucionales.


·      Representa un aliciente el recurso de inconstitucionalidad presentado por  La Coalición por un Proceso de Selección Judicial Transparente contra la recién “aprobada”  Ley del Consejo Nacional de la Magistratura. Entendemos que con ese recurso se pretende que  la integración de nuestros organismos sean realizados  dentro del marco de la legalidad, para que de esa manera seamos capaces de guiar nuestro desarrollo social y económico.
                                                                  

·      Reafirmamos lo establecido por la Coalición por un Proceso de Selección Judicial Transparente  “La democracia es un proceso de largo plazo que debe construirse en beneficio de todos/as y con la participación de todos y todas.  Rechazamos la violación a la Constitución de la República y la concentración de poder en el Consejo Nacional de la Magistratura”

Autora: Felicia Tavárez Suárez

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LO QUE NO NOS CUENTAN DE CUBA


Por: Enmanuel Alcántara Alfonce


Estamos claros en que Cuba es un país localizado al nordeste del Archipiélago de las Islas Mayores dentro de las cuales están Puerto Rico, Jamaica y la Isla La Hispaniola, que compartimos las y los habitantes de la República Dominicana con las y los de la República de Haití, y que pertenecemos, las 5 naciones, a la subregión del continente americano llamada Centroamérica y el Caribe.
Cuba vive en un régimen socialista-comunista, propiamente marxista-leninista, desde el 1962 cuando de la mano del Comandante Fidel Castro Ruz, y del Doctor argentino Ernesto Che Guevara, triunfó en la isla una revolución por la vía armada, con la cual se le quitó el poder de las manos al dictador Fulgencio Batista.
La Constitución de Cuba la define como “un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y ´democrática´, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana”.
El socialismo es una corriente de pensamiento política, económica y social ubicada dentro de las vertientes ideológicas de izquierda y al mismo tiempo una forma de gobierno con características muy peculiares.
El socialismo propugna por la posesión y administración pública de los medios de producción en pro del interés de la sociedad en general, y no a favor de clases o grupos particulares. El socialismo fue una ideología originalmente utópica o romántica construida para combatir lo que Víctor Hugo (1802-1885) llamó la cuestión social y que definió como la situación “…de los que tienen y la de los que no tienen”. Más tarde el socialismo adquiriría un carácter científico en las manos de Karl Marx y Friedrich  Engels (Federico traducido al español), el primero autor de la obra más leída a nivel mundial después de la Biblia según la revista Foreing Policy “El Capital” y el segundo, discípulo de aquel, autor de “El Origen de la Familia, de la Propiedad Privada y del Estado”. Países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Brasil dicen encarnar el nuevo socialismo, o socialismo del s. XXI
El comunismo, por su lado, es aquel estado social en el cual no existe ni la propiedad privada de los medios de producción, ni el estado, ni las clases sociales. En él un grupo humano no explota a otro, ni lo hacen entre sí.
El marxismo-leninismo fue un sistema de ciencias surgido en el siglo XIX en Alemania e Inglaterra a la luz de la obra de Marx y Engels cuyo objetivo principal era “la determinación de las leyes objetivas que condicionaban el desarrollo social, para con ello poder transformar al mundo”
Entonces ¿Ciertamente existe justicia social, bienestar individual y colectivo y solidaridad humana en Cuba? Es parte de lo que no nos cuentan. No nos cuentan que Cuba es hoy el país que contrasta favorablemente con América Latina en cuanto a la distribución del ingreso, el que posee los servicios de educación primaria y secundaria de mayor calidad, el de mayor número de maestros en relación con su población, el de mejor servicios de salud, el primero en indicadores favorables de mortalidad infantil en menores de uno y de cinco años, el que ofrece atención médica primaria permanente y servicios gratuitos de alta tecnología, el que ofrece formación educacional de más de nueve grados dedicando el 13% de su Producto Interno Bruto (PIB) solo a ese sector, en tanto que en nuestro país no alcanzamos aún ni al 2%, en flagrante violación de la Ley Orgánica de Educación que dispone destinar al menos el 4% del PIB al sector educativo y que temporalmente derogó el Presidente de la República en vista de las ejercidas presiones el pasado año por la Coalición por una Educación Digna y toda la ciudadanía para que se aumentara a dicha cantidad las partidas al mencionado sector en el Presupuesto General de la Nación para el año en curso.
La tesis que plantea que más inversión no implica necesariamente mayor calidad es cierta, pero que los entendidos en la materia la recomienda a los país que ya han alcanzado invertir un 4% o más de su PIB a educación para garantizar el desarrollo.
Así mismo la UNESCO reconoce que es Cuba el único país de América Latina y el Caribe que cumplirá con la Meta del Milenio de educación para todos y todas; el PNUD clasifica a Cuba como país de alto desarrollo humano, cuya categoría alcanzó con menos ingreso per cápita en relación con los demás países de la región; la CEPAL identifica a Cuba como el país que más recursos destina a gastos sociales en relación con su PIB, triplicando como promedio lo que destinan otros países.
No nos cuentan que los cubanos y cubanas tienen acceso a estudios superiores gratuitos en cualquier lugar del país.
El 69,2% de la población cubana entre 18 y 24 años se encuentra matriculada en la enseñanza universitaria. Cuentan –aproximadamente- con un graduado o  graduada universitaria por cada diez habitantes. Aunque hay que reconocer que éstas ventajas se subordinan a la oportunidad de expresar libremente lo que se piensa y aprende. Tener libertad de iniciativa.
Ahora bien, el socialismo cubano ha resistido la guerra económica y de todo tipo de diez gobiernos estadounidenses durante casi medio siglo, y en los últimos 17 años, después de la desaparición de la Unión Soviética, o lo que es lo mismo, de la caída del Muro de Berlín, enfrenta el desafío de resistir la guerra económica intensificada por el cerco neoliberal y de la opinión pública internacional que agoraba, desde un principio, el fracaso de la resistencia cubana. Aunque dicen expertos internacionales que al cabo de  3 años, es decir, para 2013 Cuba será económicamente insostenible. En lo que tendrá mucho que ver el bloqueo económico estadounidense del que es objeto la misma desde 1960.
Para que exista en la República Dominicana real justicia social, bienestar individual y colectivo y solidaridad humana y seamos un Estado Social Democrático y de Derecho tenemos que abocarnos a una serie de reformas profundas que nos lleven a revolucionar nuestro sistema económico, social y de gobierno para convertirlo en un modelo más incluyente que priorice la inversión en la educación.
Loor a Cuba en el 52 aniversario del triunfo de su revolución y los éxitos que ha cosechado.

El autor es Coordinador General de Acción por el Desarrollo y Director Ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas CAPP.

 

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Entrevista Dr. Pablo Fajardo Mendoza.








Nació en el cantón El Carmen Provincia de Manabí, el día 8 de julio de 1972. En el año 1987 migró a residir en la Amazonía Ecuatoriana, Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos donde habita hasta la actualidad. Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio Nacional Técnico Shushufindi y sus estudios Superiores en la Universidad Técnica Particular de Loja, donde se graduó como abogado de los Tribunales de la República del Ecuador

Ha realizado cursos de Derechos Humanos y sobre gestión Ambiental en la Universidad Politécnica Salesiana de la Ciudad de Quito y una maestría sobre Derecho Ambiental Internacional en el Instituto de Ciencias Internacionales de la Universidad Central del Ecuador.

Desde allí cooperó en el desarrollo del proceso legal que las comunidades indígenas y campesinas de las provincias de Orellana y Sucumbíos mantienen en contra de la Transnacional Chevron Texaco por el grave daño ambiental, social y humano causado. En el mes de junio de 2005, asumió directamente la defensa de los demandantes, en el juicio ya mencionado que se mantiene en contra de Chevron Corporation. Por su trabajo incansable en beneficio del medio ambiente, de un mayor respeto a los Derechos Humanos y a la justicia, en el año 2007 la cadena CNN lo reconoció como Héroe Mundial defensor de la Justicia. En abril del año 2008 recibió el Premio Medio ambiental Goldman que es considerado como el Premio Nóbel del ambiente.

Ha participado como conferencista en decenas de Universidades del Ecuador, Estados Unidos, varios países europeos y de América Latina, lugares donde ha expuesto sus ideas frente a la problemática ambiental, local y mundial; responsabilidad corporativa, deber ciudadano y responsabilidad de los Estados.


 Realizado por: Felicia Tavárez Suárez 

El 14 de febrero del 2011 es una fecha histórica en el escenario jurídico y social no sólo de Ecuador, sino para los ciudadanos de aquellos  países que a través de diversas formas padecen la vulneración de sus derechos. Ninguna transnacional tiene derecho a desplazarnos de nuestras comunidades, a lanzar desechos tóxicos y  ejercer la explotación de nuestros recursos naturales por medio de sus operaciones.
La sentencia emitida por la Corte Superior de Nueva Loja (Ecuador) estableció que Chevron debe pagar 9.510 millones de dólares al Frente de Defensa de la Amazonía, para la limpieza de las aguas subterráneas, entre otros aspectos.  La sentencia nos demuestra que es posible generar un cambio de paradigma para enfrentar a estas transnacionales. A pesar de que durante 14 años la corrupción, la complicidad y la falta de institucionalidad fueron parte de la justicia ecuatoriana las y los 30,000 indígenas y colonos de las comunidades afectadas decidieron luchar hasta el final por una causa colectiva y justa.
La sentencia Chevron- Ecuador nos reafirma el poder de transformación que tiene la abogacía y el hermoso compromiso de defender nuestros derechos. Tras 14 años de lucha Ecuador logra un precedente judicial transcendental en materia ambiental. 


Estamos hablando de la indemnización más alta jamás exigida por un delito medioambiental y este lunes  19 de septiembre del 2011  los demandantes han logrado una victoria, la Corte de Apelación de Estados Unidos anuló una sentencia que protegía a la petrolera para pagar la indemnización multimillonaria a los afectados.
Entrevista exclusiva para nuestro blog con el Dr. Pablo Fajardo, abogado principal de la causa de los indígenas caso CHEVRON-ECUADOR

1-Cómo y por qué se involucra en la representación del Frente de Defensa de la Amazonía en el caso Texaco-Chevron? ¿Cómo ha sido el proceso respecto al admirable nivel de empoderamiento que ha mostrado la comunidad?

Yo vivo en la zona afectada por las operaciones de Chevron desde hace 25 años. Conozco de primera mano el problema y la forma como la gente ha sido agredida. Soy testigo del atropello propiciado por la empresa en contra de la comunidad y de la ausencia del Estado en su capacidad de regulador y controlador. La gente por décadas vivió bajo el anonimato, nadie les escuchaba ni les hacía caso. Los problemas de salud, muertes de cáncer, pobreza, exclusión como consecuencia de la contaminación ambiental eran cada vez más graves. Al ser testigo de ésta realidad, me uní a mis compañeros a trabajar juntos con ellos para exigir mediante argumentos legales que se respeten los derechos de las personas y la naturaleza.

En muchas ocasiones, más que una conciencia colectiva, por la búsqueda del bien común es superada por la necesidad. Creo, que el éxito de que la gente se haya unido férreamente para luchar por la defensa de sus derechos es la necesidad; todos hemos comprendido que la única forma de poder enfrentar a una empresa poderosa, y de tener posibilidades de ganar, es trabajando en equipo, dejando de lado todos los intereses personales que puedan existir.

2-¿Cómo empieza el proceso judicial  contra  Texaco y posteriormente contra Chevron? ¿Por qué tuvieron que pasar 10 años para que la Corte de Apelaciones de Nueva York ordenara que el caso se conociera en la jurisdicción de la Corte Ecuatoriana?

Según la información final que logramos recabar, Texaco perforó 356 pozos petroleros, construyó más de mil piscinas, donde arrojaba sus desechos tóxicos, vertió al ambiente sin ningún tratamiento más de 18.000 millones de galones de agua de formación o agua tóxica.

Estos daños ambientales con consecuencias directas en la vida de los pobladores y más en la cultura de los pueblos indígenas, era cada vez más insoportable. La gente reclamaba, protestaba y exigía respeto, pero muy pocos les escuchaban. De pronto una abogada Norteamericana escribe un libro, titulado crudo amazónico, el libro fue publicado en ingles, en los Estados Unidos del Norte de América, fue allí que otros colegas abogados se interesan mayormente por el caso y se inició con la planificación de la demanda.

La demanda fue planteada ante un juez federal de New York en el año 1993. Chevron (Texaco) desde ese año hasta el año 2002, argumentó que Estados Unidos y más concretamente el Juez Federal de New York, no es un juez competente y no es el foro conveniente para procesar éste litigio, que si hay algún juicio, éste debe ser procesado en las cortes ecuatorianas. Chevron aseguró que las cortes de Ecuador eran capaces, competentes y que existía un sistema jurídico fuerte para tramitar éste juicio.

Pasamos nueve años batallando en las cortes de Estados Unidos, solamente peleando si el juicio debía ser procesado en Estados Unidos o en el Ecuador. Finalmente Chevron tuvo éxito, en última instancia, la corte Federal del Distrito Sur de New York, resolvió disponer que Chevron se someta a la jurisdicción de la justicia ecuatoriana; además esa misma corte se comprometió a hacer cumplir con lo que resuelva la justicia de Ecuador y concedió un año de plazo para que los afectados planteen sus acciones jurídicas en las cortes del Ecuador.

En conclusión, el juicio tardó diez años, pero debido a los obstáculos y obstrucciones a la justicia que implementó Chevron ante las cortes de los Estados Unidos.

3- ¿Cuáles normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano y convenios internacionales ha violado Chevron-Texaco?

En el Ecuador, desde los años 70 existen una serie de leyes que regulan y prohíben de forma absoluta la contaminación ambiental, principalmente en las fuentes de agua. Por ejemplo consta el Código de la salud, vigente desde el año 1972; la ley de Aguas, vigente desde al año 1972, la ley de Prevención y control de la Contaminación Ambiental, vigente desde el año 1976, la Ley de Hidrocarburos, en su Art. 29 y posteriormente 31 prohibía en forma absoluta la contaminación del suelo y el agua.

Adicionalmente en el mismo contrato de trabajo de la empresa se le prohibía contaminar las fuentes de agua y se le obligaba a utilizar la mejor tecnología para no contaminar el ambiente. Todas ésta normas internas del ecuador fueron violadas por las operaciones de la empresa. En el contexto de los instrumentos jurídicos internacionales, tenemos los convenios de los Derechos Civiles, Políticos, Económicos, sociales y Culturales, de las Naciones Unidas. Además existían otros instrumentos no vinculantes, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de Estocolmo; instrumentos que pese a no ser vinculantes forman parte de las bases o cimiento de la normatividad ambiental planetaria.

 Adicionalmente el contrato firmado entre Texaco (Chevron) y el Estado ecuatoriano en el año 1964 y 1973 establecía que la petrolera debía utilizar la mejor tecnología y no contaminar las fuentes de agua y el suelo, para no afectar la salud humana. Todas éstas normas, nacionales, internacionales y algunas vigentes en los Estados Unidos, sitio de origen de la empresa, más la parte contractual fueron violadas abiertamente por la empresa operadora.

4-  ¿Cómo evalúa el contenido de la sentencia? ¿Cuáles categorias de daño ambiental no fueron contempladas en la sentencia?

El contenido de la sentencia es súper positivo, por lo visto el Juez hizo un trabajo muy profundo en tratar de entender la problemática ambiental y sus externalidades. En el Ecuador y en el mundo existen jueces que no comprenden adecuadamente todo lo que implica el daño ambiental, muchos se limitan únicamente a la parte física o química, es decir que catalogan como daño ambiental el sitio donde cayó el producto tóxico, derrame de hidrocarburos, o el área de suelo que ha sido alterada.

En éste caso, el Juez ha comprendido bastante bien el concepto de daño ambiental y en su sentencia ha incluido elementos que no son daños ambientales directamente, pero que son consecuencias del daño ambiental propiamente dicho. Por ejemplo, el daño a la salud humana, daño a la cultura de los pueblos indígenas, daño o afectación a la economía de la población, entre otras cosas; todas esas categorías de daño ambiental han sido incluidas y analizadas por el juez Nicolás Zambrano en su sentencia.

Sin embargo, es evidente que aún se le quedaron algunas categorías de daño ambiental fuera, que no las consideró principalmente en la valoración económica para reparación. Existe otro elemento importante en la sentencia, que es la disposición que la petrolera Chevron pida disculpas públicas a las víctimas por el abuso del derecho y haber afectado a la población. En caso de no pedir disculpas públicas la empresa deberá pagar el doble de la multa establecida por el juez. Otro elemento importante de la sentencia del juez Zambrano es la disposición para que se cree un fideicomiso, esa figura daría garantía para que se cumpla con su orden en cuanto a la reparación del daño, es más el mismo juez estableció los distintos rubros que deben cancelarse y en lo que deben ser invertidos.

5-La empresa Chevron ha reaccionado con mecanismos legales en distintos escenarios: Ante la Corte de Arbitraje de la Haya y ante la Corte Federal de Nueva York ¿En qué medida han afectado estas herramientas utilizadas por Chevron al proceso que se lleva en Ecuador ? ¿Cuál ha sido su postura como abogado de la parte demandante?

Las acciones jurídicas de Chevron en el exterior, no son nuevas. Recordemos que éste litigio lo iniciamos en la Corte de New York en el año 1993. Desde ese año hasta el año 2002, Chevron estuvo alegando y pidiendo que el juicio sea procesado en las Cortes de Ecuador. Una vez que el proceso en Ecuador se inició y dentro del proceso se ha probado el daño ambiental causado por Chevron, la responsabilidad de la empresa sobre ese daño, Chevron inició un fuerte trabajo en cortes de arbitraje internacional y de los Estados Unidos, todo con el fin de buscar neutralizar el proceso judicial de Ecuador. Además Chevron ha realizado una presión jurídica, política, económica y comercial en contra del Estado Ecuatoriano, todo con el fin de obligar al Gobierno a interceder en el juicio a favor de la empresa y dejar en completa indefensión a las víctimas de las operaciones de Chevron.

Chevron no puede negar ni probar su inocencia en el crimen cometido, ante esa incapacidad para demostrar su inocencia ha optado por implementar toda una campaña para desprestigiar al sistema jurídico ecuatoriano y convencer a los jueces norteamericanos y del mundo que la justicia en el Ecuador no sirve, no es capaz y es politizada.

Nuestro rol ha sido el de demostrar que existe un crimen ambiental real y que es Chevron la empresa responsable, además que el juicio sea procesado ante las cortes que Chevron pidió y que éste es el juicio más público y transparente que se ha desarrollado en la historia del Ecuador.

6-  Chevron no tiene activos en Ecuador ¿Cuáles herramientas podrían emplearse para hacer cumplir la sentencia contra la empresa?

Es verdad, Chevron no tiene inversiones en el Ecuador, pero tiene inversiones en más de 50 países alrededor del mundo y en muchos de esos Estados puede ser plenamente ejecutada la sentencia. Nosotros esperaremos a tener una sentencia de última instancia, que sea ejecutable para ir a cualquiera o a varios de esos Estados y solicitar todas las medidas cautelares necesarias a fin de lograr que Chevron pague la sanción que se le ha impuesto, en caso que sea ratificada en lo posterior. Chevron ha dicho que no van a pagar; debo decir que todas las personas y empresas están sometidas a cumplir con los sistemas jurídicos que rigen en cada Estado y con normas internacionales, Chevron no es la excepción.

7- ¿Cuáles desafíos  enfrenta Latinoamérica respecto al escenario ambiental? ¿Cuáles son sus perspectivas jurídico-sociales en relación a las actitudes que tienen estas multinacionales en América Latina?

La historia de América Latina está marcada por la vivencia colectiva de patrones de conducta de dominio, tanto en lo político, económico, social y legislativo. Si usted realiza una comparación del sistema jurídico de los distintos países de América latina, se dará cuenta que en la parte ambiental tenemos una realidad muy parecida, solo se reflejan pequeñas diferencias.

El problema que tenemos en América latina, por no decirlo en todo el mundo, es que hasta ahora son las empresas económicamente poderosas, las que determinan el modelo económico, legislativo, judicial y político que se debe aplicar. Los organismos supranacionales están sometidos a los intereses y criterios del sector empresarial, recordemos brevemente lo ocurrido en las últimas cumbres ambientales de las Naciones Unidas. Igualmente recordemos el desastre de la empresa petrolera BP en el Golfo de México; el Estado Norteamericano permitió a la empresa operar sin tener en cuenta todos los criterios técnicos, sabiendo que existía un riesgo.

Finalmente el interés y fuerza de la empresa y la debilidad del Estado ante la empresa es lo que provocó el desastre, que pudo evitarse si se obligaba a la BP a actuar de forma adecuada y técnica. Ese hecho nos da la pauta de cómo están las cosas en el mundo entero y en América Latina en concreto. Sin embargo, no creo que debamos seguir en una vieja cantaleta de tirar la culpa a un sector de la sociedad.

Creo que el reto que tenemos en América latina es buscar los puntos de interés colectivo y trabajar por intereses compartidos; y, para esto considero que deben ocurrir al menos cuatro cosas básicas:
a. Fortalecimiento del sistema jurídico.- Es necesario que nuestros sistemas jurídicos estén más acorde con la realidad social, económica, empresarial y ambiental.
b. Fortalecimiento de los Estados en su capacidad de control.- En muchos Estados, como Ecuador por ejemplo existen normas suficientes para controlar, prevenir o evitar los desastres y daños ambientales, pero los Estados son incapaces de controlar adecuadamente y de exigir a las empresas, sean éstas públicas o privadas de capital nacional o extranjeras a cumplir de forma adecuada con las normas y reglas de juego.
c. Educación ciudadana-colectiva.- En ésta gran cruzada por la vida debemos participar todos y todas. Se debe aplicar el principio de la responsabilidad compartida pero diferenciada. Creo que si todos nos educamos sobre el valor real del ambiente, de la naturaleza, de la cultura de los pueblos, podemos entender mejor, que el desarrollo no es únicamente crecimiento económico. El desarrollo es integral y holístico y es donde debemos trabajar.
d. Cambio de actitud.- Finalmente necesitamos un cambio de actitud integral; no es conveniente seguir pensando en que el responsable del daño ambiental, de la pobreza o de las injusticias es únicamente el otro/a. Debemos asumir con responsabilidad que todo somos responsables del problema; y, por lo tanto todos debemos ser responsables de la solución de nuestros problemas. En conclusión necesitamos cambiar nuestra actitud ante la vida, el planeta y la realidad.

Creo que si en forma colectiva desarrollamos una agenda colectiva, que tienda a buscar el desarrollo integral, basado en el respeto al ambiente y a la humanidad, en el cual las empresas trabajen, produzcan y crezcan económicamente, pero respetando los derechos humanos y al ecosistema, podemos pensar en una vida más digna y justa.

8- La República Dominicana ha tenido conflictos ambientales principalmente con  la multinacional Barrick Gold, dedicada a la extracción de oro y acusada de implementar métodos lesivos para el medio ambiente, a través de mecanismos legalmente sancionados. Desde su rol como: Ciudadano y profesional de la Ciencia Jurídica ¿Cuál sería su mensaje para nuestro país, y específicamente para la comunidad afectada?

No conozco el problema por lo tanto me veo muy limitado a hablar sobre un tema que no conozco. Sin embargo, una realidad es que siempre y en todos los países se impone el interés por el factor económico antes que la racionalidad. Conozco lugares, hermosos en muchos Estados de América Latina, sitios que por desgracia, han albergado metales o minerales preciosos, que han sido la causa de la destrucción culturas únicas.

En algunos casos he llegado a sugerir, que se hagan estudios de factibilidad económica integrales, para que el Estado y la sociedad puedan conocer, finalmente que les puede representar más y mejores beneficios. En muchas ocasiones esos recursos naturales son extraídos del área y del territorio de ese Estado, por lo que los beneficios no quedan allí. En una ocasión yo mismo hice una revisión de información de varios de los lugares más pobres de Ecuador, Perú y Bolivia, y resulta que los sitios más pobres de esos países eran exactamente los sitios de donde por dos tres, cuatro o más décadas, se habían estado extrayendo algún recurso natural.

Es decir, que normalmente las poblaciones más pobres son las que viven más cerca de las “riquezas”. Como dije al inicio, no conozco ésta realidad, pero recomendaría que se hagan estudios de factibilidad económica integrales, estudios ambientales y de existir responsabilidades o de verse que el perjuicio puede ser mayor que el beneficio, es recomendable exigir a los Estados que no permitan el desarrollo de tales actividades.




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